miércoles, 9 de mayo de 2012

La explotación sostenible de los bosques es posible


Por: Pablo Fernandez S. Consecuencia del cambio climático global, en los últimos años los bosques y las selvas se han convertido en objeto de disputa entre aquellos que quieren explotarlos y aquellos que intentan preservarlos. A pesar del esfuerzo, los resultados muestran que la desaparición de bosques por malas prácticas antrópicas parece ser un tema sin solución, y las predicciones para los próximos años no son nada alentadoras. Sin embargo no todo esta perdido. Paralelamente, al margen de los conflictos, gracias a las políticas de desarrollo sostenible han ido surgiendo en el mundo nuevas y originales propuestas de protección de espacios naturales que podrían invertir la tendencia.

Bután es un pequeño país asiático limítrofe de China e India que posee menos de 700 mil habitantes y ostenta uno de los PBI más bajos del mundo. Pese a ello el actual gobierno, regido por una monarquía parlamentaria, se ha trazado ambiciosos objetivos de crecimiento. Recientemente fue noticia al anunciar como parte de su política de desarrollo, su compromiso constitucional a proteger en el largo plazo al menos el 60% de su cobertura forestal, lo que lo convertiría en el país más protector de árboles del continente asiático. Esta iniciativa se enmarca en una estrategia muy interesante: un proyecto que otorga la gestión de grandes hectáreas forestales a las comunidades rurales, con el objetivo de luchar contra la pobreza y proteger al mismo tiempo los recursos naturales.

Básicamente, la propuesta incita a los habitantes de las zonas rurales del país a explotar los bosques para satisfacer sus necesidades, permitiéndoles obtener los beneficios de los productos derivados del mismo. Apoyado por la clase política, el proyecto a conseguido atraer progresivamente la atención de los campesinos. En cuanto a cifras, en 2011 Bután contaba con 328 comunidades (unas 15 mil familias) implicadas en la gestión de 30 mil Ha de bosque, equivalentes al 2% de la superficie total del país. Nada despreciable, considerando que esta cifra debería alcanzar el 4% de la cobertura forestal del país en 2013.

El proyecto ha sido posible gracias a las reformas políticas forestales encaminadas que han permitido traspasar la responsabilidad de la gestión a los funcionarios locales. Estos a su vez, ofician de mediadores entre el Estado y la población atendiendo las necesidades de las comunidades gracias a los talleres de formación y encuentros organizados para tal efecto. En estas reuniones se exponen los procedimientos, las responsabilidades y las ventajas derivadas de la protección forestal incentivando la participación. De esta manera, los interesados pueden postular para asumir la gestión de un bosque a través de candidaturas, que son transmitidas al responsable distrital para su estudio y aprobación. Si la respuesta es positiva, una comisión se encarga de elaborar un plan de manejo y censar los recursos del bosque escogido para delimitar las zonas de explotación, en conjunto con los agentes forestales.

El traspaso de responsabilidades de explotación implica además otras observaciones. Para confiar la gestión de un bosque a una comunidad se toman en cuenta igualmente los derechos y costumbres de la misma. Buscando el equilibrio, se evalúa la aptitud entre los pobladores a compartir los recursos de la zona forestal de forma equitativa entre los más acaudalados y los menos privilegiados. Todo el proceso se desarrolla en conjunto, ya que contrario a lo que se podría pensar inicialmente, los pobladores se muestran a veces más conservadores que los agentes forestales respecto a la poda de árboles. El consentimiento entre gobierno y comunidad es fundamental.

Por otro lado el Estado no establece más que un pequeño impuesto por tala de árbol adulto y no exige tasa alguna sobre los productos no forestales como plantas, hongos y productos de origen animal y vegetal derivados. De esta manera los beneficios quedan casi integralmente en la comunidad. Asimismo el Estado reconoce que la conservación de un bosque permite conservar los recursos hídricos, una fuente mayor de ingreso económico, ya que el país obtiene buena parte de su presupuesto vendiendo hidroelectricidad a la India. En consecuencia, para combatir la pobreza, parte de estos recursos son igualmente destinados a las comunidades que gestionan las zonas forestales que contienen o son atravesadas por afluentes. Según esta forma de gestión, el gobierno considera que los pobladores deben ser recompensados por sus acciones en materia de protección del agua, una suerte de servicio ecológico pago.

Este proyecto además ha sido posible gracias a la formación de sus preconizadores que han recibido instrucción en países vecinos como Népal o India, donde ya existen comunidades de este tipo que son recompensadas por el Estado por sus servicios de protección de recursos. Una interesante iniciativa que se inscribe en los preceptos del desarrollo sostenible y la sensibilización ambiental de las comunidades.

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