jueves, 14 de junio de 2012

Alerta en Brasil por el negocio de la compensación de carbono


Por: Pablo Fernandez S. Desde la entrada en vigor del Protocolo de Kioto en 2004 numerosas empresas se han lanzado a la compra de créditos de carbono para compensar sus emisiones, y el territorio escogido por excelencia para este “negocio de consciencia” es la Amazonia. En 2008 la tribu Suruís de Rondônia y principalmente su jefe Almir Suruí, se hicieron famosos  luego de firmar un convenio con Google por el control de la deforestación de tierras indígenas. Esta noticia que armó un revuelo importante en su momento fue, de alguna manera, una alerta en el inicio de un nuevo mercado amigable con el medio ambiente, el mercado del carbono.

Cuatro años después la misma tribu vuelve al ruedo mediático. Recientemente un artículo del diario Folha de San Pablo, anunció que los Suruís se convirtieron en la primera nación indígena del mundo en explotar el carbono absorbido por el bosque. El acuerdo se oficializó luego de que la tribu recibiera dos etiquetas internacionales que la habilitan para firmar contratos de venta de carbono con el objetivo de luchar contra la deforestación.

Las dos etiquetas son la VCS (Verified Carbon Standard) y la CCB (Climate, Community and Biodiversity). La primera de ellas garantiza a los inversores que la tribu seguirá métodos de explotación estrictamente controlados para reducir las emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero, mientras que la segunda certifica que el proyecto no es una amenaza para la biodiversidad del lugar ni atenta contra los derechos de los indígenas.

Este novedoso proyecto forma parte del Programa REDD (reducción de emisiones de CO2 provenientes de la deforestación y degradación de los bosques) que aporta compensación financiera destinada a preservar la selva tropical, para limitar las emisiones de gases responsables de contribuir al cambio climático. Por el momento el mercado de este Programa es aún voluntario y se espera que su reglamentación a escala mundial debería comenzar a regir a más tardar en 2020.

De acuerdo al jefe de la tribu, Almir Suruí, su comunidad podría verse beneficiada con el ingreso de hasta 1,6 millones de euros en el período de 2012 - 2038. De acuerdo a las declaraciones recogidas por el artículo los ingresos serán manejados como un fondo común destinado a impulsar actividades económicas sostenibles como el ecoturismo y la agricultura bio en tierras deforestadas.

Según la opinión de expertos en los próximos años los Suruís y otras naciones indígenas, podrían verse tentados por numerosas empresas que buscan compensar las emisiones de carbono producidas por sus actividades. Ante la crítica y cuestionamientos de algunas fundaciones locales como la FUNAI y la AGU (encargadas de velar por los derechos de los indígenas brasileños), Almir Suruí se defiende argumentando que la decisión de lanzarse a este mercado fue el fruto de una larga negociación que incluyó la aprobación de 25 jefes de tribu y la expulsión de numerosas empresas madereras de su territorio.

El ejemplo de esta comunidad indígena debe servir como señal de alerta para actuar en base a la regulación de estas actividades y el rol de las mismas ante el nuevo mercado de carbono. La formación de los jefes de tribus y la revisión legal de los contratos son indispensables para evitar cualquier trato desigual, perjudicial o inhibitorio. Basta con citar el ejemplo del acuerdo firmado hace un tiempo entre los jefes mundurucus y la empresa de capitales irlandeses Celestial Green que prohíbe a la tribu de utilizar sus propias tierras, en un territorio equivalente a 16 veces la ciudad de San Pablo. Este contrato fue firmado sin la presencia de la FUNAI.

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